fecha de respuesta: 16.01.2025
La comunidad gitana está protegida por la Constitución y la Ley 15/2022, que prohíbe la discriminación por motivos de etnia. Además, existen estrategias estatales para la inclusión social de la población gitana, impulsadas por el Ministerio de Derechos Sociales y la Fundación Secretariado Gitano, que se centran en educación, empleo, salud y vivienda. Cualquier trato diferenciado negativo (por ejemplo, negar el acceso a un bar o insinuar que todos los gitanos roban) puede ser objeto de sanción administrativa y/o denuncia judicial. Existen campañas de sensibilización y se promocionan proyectos de mediación con comunidades gitanas para reducir prejuicios y mejorar la integración.