fecha de respuesta: 23.11.2024
La Ley 5/2012 exige neutralidad e imparcialidad del mediador, prohibiendo intervenir si existe conflicto de intereses, como haber asesorado jurídicamente a una parte en el mismo asunto. Ese mediador debería abstenerse para garantizar la igualdad. Si persiste, la mediación podría ser considerada contaminada, afectando la validez de cualquier acuerdo por falta de imparcialidad. Se contempla recusar al mediador o pedir su sustitución. En la práctica, está claro que no se puede ser mediador en un conflicto cuando se ha representado a una parte, salvo que ambas lo acepten con pleno conocimiento, aunque lo normal sería considerarse incompatible.