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Mi ex marido, con quien me divorcié en Ourense, tiene la costumbre de pagar la pensión de alimentos de nuestros hijos siempre con bastante retraso, a veces hasta con dos o tres semanas de demora respecto a la fecha pactada en el convenio regulador, aunque finalmente termina abonando el importe completo cada mes. Quiero saber si, además de reclamar puntualidad en los pagos, tengo derecho a exigirle también algún tipo de interés o recargo por esos retrasos reiterados a lo largo de los últimos meses.

Estoy en pleno procedimiento de separación en Cádiz y mi ex pareja ha solicitado en el juzgado que mis visitas con nuestro hijo de cuatro años se realicen de forma supervisada, alegando ciertos episodios pasados de mi vida que ya he superado completamente. No entiendo bien qué implica exactamente que las visitas sean supervisadas, ni durante cuánto tiempo suele mantenerse esta medida, ni qué debo hacer para poder recuperar cuanto antes un régimen de visitas normal sin supervisión.

Mi ex marido tiene un pequeño negocio como autónomo en Girona y desde hace meses alega que apenas tiene ingresos para justificar que no paga la pensión de alimentos de nuestra hija, aunque yo sé que sigue llevando un nivel de vida bastante alto, con coche nuevo y viajes frecuentes. Al no tener nómina como un trabajador por cuenta ajena, no sé cómo puedo demostrar ante el juzgado que en realidad sí tiene capacidad económica para pagar lo que le corresponde.

Mi marido y yo recurrimos a la gestación subrogada en un país donde esta práctica es legal, y ya ha nacido nuestro hijo, aportando material genético de mi marido según el acuerdo formalizado allí. Vivimos en Madrid y no sabemos exactamente cómo podemos inscribir al bebé en el Registro Civil español ni qué reconocimiento tiene aquí esta filiación establecida en el extranjero, ya que sabemos que en España la gestación subrogada no está permitida legalmente de la misma forma.

Mi ex pareja ha sido denunciado por violencia de género en Málaga y actualmente hay un procedimiento penal abierto en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer. Tenemos un hijo de cinco años que hasta ahora mantenía un régimen de visitas normal con su padre, y quiero saber si, por el simple hecho de existir esta denuncia y este procedimiento penal en curso, puedo solicitar la suspensión de las visitas mientras se resuelve todo, o si es necesario esperar a que exista una sentencia condenatoria firme para poder limitar el contacto entre mi hijo y su padre.

Me divorcié hace tres años en Sevilla y en el convenio regulador se acordó un régimen de visitas cada quince días para el padre de mis hijos. Ahora mi empresa me traslada a otra ciudad a unos 400 kilómetros por motivos laborales y no sé si puedo cambiar unilateralmente el reparto de tiempos con los niños, ni si el otro progenitor puede oponerse o pedir que me quede. Los niños tienen ocho y once años y están escolarizados aquí. Quisiera saber qué pasos legales debo seguir antes de mudarme para no incumplir lo pactado.

Estamos negociando el convenio regulador de nuestro divorcio en Alicante y no logramos ponernos de acuerdo sobre cómo repartir exactamente el verano entre ambos con nuestros dos hijos, ya que yo preferiría dividirlo en dos quincenas completas alternas, mientras que mi marido prefiere repartirlo por meses completos, un mes cada uno. Me gustaría saber si existe algún criterio legal o práctica habitual sobre cómo suele repartirse el periodo vacacional de verano en estos casos, para poder orientarnos mejor en la negociación.

Soy de origen latinoamericano y obtuve mi residencia en España hace tres años gracias a mi matrimonio con un ciudadano español, con quien resido en Zaragoza. Actualmente estamos en trámites de divorcio de mutuo acuerdo, pero me preocupa mucho qué pasará con mi permiso de residencia una vez que el divorcio se formalice, ya que no sé si perderé automáticamente mi situación legal en España al dejar de estar casada con un español.