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Quiero conocer cuáles son los fundamentos esenciales que rigen la contratación de las Administraciones Públicas en España, y cómo se aplican en los distintos procedimientos para garantizar la objetividad, la igualdad de trato y la eficiencia en el gasto público. También me interesa saber si estos principios están recogidos en normas específicas y su relevancia legal en el ámbito autonómico y estatal.
¿Existe la posibilidad de pago directo por la Administración?
¿No choca con la ley estatal y la directiva europea?
Me gustaría saber si todos los contratos públicos deben tramitarse electrónicamente, incluyendo la presentación de ofertas y la apertura. ¿Hay plazos distintos para la presentación telemática?
¿Hay contratos donde no se considera idóneo subastar el precio final?
¿Permite actualizar las tarifas según el IPC?
¿La ley permite saltarse el procedimiento ordinario si hay urgencia extrema?
Necesito entender qué medios puede pedir la Administración para probar la capacidad de una empresa, sin que ello sea discriminatorio. ¿Cuál es el límite de requisitos de solvencia para no excluir injustamente a nuevos competidores?